Canadá quiere prohibir los cajeros automáticos de criptomonedas: el país que los inventó da vuelta la página

Ottawa acaba de lanzar una ofensiva regulatoria sin precedentes contra los cajeros automáticos de criptomonedas. El gobierno canadiense los acusa de haberse convertido en verdaderas herramientas al servicio del fraude y el lavado de dinero. Una decisión que genera debate en el mismo país que inventó el concepto.

Un país pionero dispuesto a pasar la página

En una cafetería de Vancouver, en 2013, se instaló por primera vez en el mundo un cajero automático de bitcoin. Una pequeña máquina, casi insignificante, que sin embargo cambiaría la manera en que millones de personas acceden a las criptomonedas. Canadá acababa de escribir una página de historia. Trece años después, quizás esté a punto de arrancarla.

En su Actualización Económica de Primavera, publicada el 28 de abril de 2026, Ottawa califica explícitamente estos cajeros automáticos como «un método preferido por los estafadores para defraudar a sus víctimas y por los criminales para depositar el producto de sus delitos». El gobierno simplemente estudia prohibirlos.

La paradoja es llamativa. El país que inventó el concepto concentra hoy el 10,1 % de los cajeros automáticos de criptomonedas del mundo, según Coin ATM Radar, solo por detrás de Estados Unidos. Estas máquinas proliferaron por todas partes: centros comerciales, gasolineras, tiendas de conveniencia. Una omnipresencia que, a ojos de los reguladores, expone ahora a los canadienses de forma desproporcionada a las estafas.

Sobre el terreno, las fuerzas del orden ofrecieron a CBC un panorama alarmante. Las víctimas son manipuladas con regularidad para introducir efectivo en estas máquinas con pretextos burdos pero efectivos: saldar una deuda fiscal imaginaria, proteger una relación sentimental en línea o desbloquear una cuenta supuestamente hackeada. Estafas simples, casi toscas, pero terriblemente eficaces.

Una ofensiva regulatoria en varios frentes

La prohibición de los cajeros automáticos de criptomonedas es solo la punta del iceberg. Ottawa lleva a cabo simultáneamente una reestructuración profunda de su marco regulatorio para los activos digitales.

La misma actualización económica refuerza los poderes del CANAFE, el Centro de Análisis de Transacciones e Informes Financieros de Canadá. El organismo podrá ahora rechazar o revocar las licencias de las empresas de servicios monetarios que no cumplan la normativa, incluidas las del sector cripto.

En materia de stablecoins, el proyecto de ley C-15 sienta bases sólidas. El Banco de Canadá asume el rol de supervisor. Los emisores respaldados por monedas fiduciarias deberán registrarse, garantizar íntegramente sus reservas y asegurar el reembolso a la par. La entrada en vigor está prevista para 2027.

El proyecto de ley C-25 va aún más lejos: busca prohibir las donaciones en criptomonedas en la política federal, alegando riesgos de trazabilidad e injerencia extranjera.

Canadá traza una línea clara: regular con firmeza los usos de alto riesgo, integrando al mismo tiempo las infraestructuras esenciales en el perímetro regulatorio federal. Un enfoque que contrasta fuertemente con el laissez-faire estadounidense bajo la era Trump, y que podría inspirar a otras democracias que buscan proteger a sus ciudadanos sin ahogar la innovación.

Canadá cierra un paréntesis histórico. Pionero del cajero automático de bitcoin, se convierte en uno de los primeros países en querer erradicarlo. Esta señal contundente demuestra que la regulación cripto mundial entra en una nueva fase: la de la madurez, donde la protección del consumidor se impone al entusiasmo tecnológico.