Bitcoin : La SEC no descarta incautar el supuesto tesoro de 600 000 BTC de Venezuela

Se habla de un “tesoro” de 600 000 BTC, atribuido a Venezuela: una cifra que suena como una amenaza. Washington considera la idea de una incautación, sin asumirla de frente. Paul S. Atkins, presidente de la SEC, no confirma nada… pero no cierra la puerta. Y ahí es donde todo cambia: el bitcoin ya no es solo un activo, es una palanca geopolítica. Queda por resolver lo esencial: pruebas, llaves y poder de incautación.

Un supuesto tesoro bitcoin, una certeza ausente

Primer punto para calmar la excitación: la reserva de 600 000 BTC no está confirmada. Incluso actores habituados a rastrear flujos ilícitos explican que no ven, “claramente”, un botín bitcoin de ese tamaño en la cadena atribuible al régimen. En otras palabras: mucho ruido, pocas direcciones.

La historia ha cobrado fuerza en un contexto explosivo. A principios de enero, Estados Unidos anunció la captura de Nicolás Maduro durante una controvertida operación militar. Este shock político sirvió inmediatamente como combustible para las especulaciones: si el poder vacila, ¿dónde están los cofres?

Y, sin embargo, aunque Venezuela haya coqueteado con las criptomonedas (el Petro en 2018 sigue siendo un símbolo de esta huida adelante monetaria), eso no prueba la existencia de una “cartera bitcoin imperial” llena hasta el tope. Lo que es plausible, en cambio, es la existencia de bolsillos dispersos. De circuitos paralelos. De salvaguardas privadas. En resumen, algo más fragmentado, por lo que es más difícil de incautar. Si el activo es incierto, la incautación lo es aún más. Y ahí, la frase de Atkins se vuelve interesante.

«La SEC no está al mando»: lo que significa la frase de Atkins

Paul Atkins reconoció la incertidumbre y recordó una realidad institucional: la SEC no es la agencia que dirige una confiscación de activos soberanos. Su papel se relaciona con los mercados y la protección de los inversores, no con la toma de control de bienes en nombre de la estrategia nacional.

En la práctica, una incautación de bitcoins “vinculados a un Estado” rápidamente se traslada a otros centros de gravedad: DOJ (procedimientos de confiscación), Tesoro/OFAC (sanciones), y a veces aspectos de seguridad nacional. Y el meollo de la cuestión no es jurídico, es técnico: tener las llaves. Sin acceso a las llaves privadas, solo quedan hipótesis o incautaciones indirectas (plataformas, intermediarios, hardware). Ahí es donde el derecho se encuentra con el silicio.

De ahí el subtexto: Washington puede estar “abierto” a la idea, pero mientras la reserva bitcoin no sea identificada y atribuible, la discusión se parece a un mapa del tesoro sin cruz roja. Incluso algunos artículos recientes insisten en esta falta de prueba “on-chain” para sustentar la cifra que circula. 

Y es precisamente porque la zona gris se amplía que el Congreso saca a relucir otra herramienta: la ley.

Ley CLARITY: cuando América quiere poner reglas donde solo había batallas

Mientras el asunto “600 000 BTC” gira cabezas, el Senado avanza en un proyecto más estructural: el Digital Asset Market Clarity Act of 2025 (H.R. 3633). El texto busca aclarar quién regula qué, especialmente entre la SEC y la CFTC, y hacer el terreno más comprensible para los actores del mercado, incluida la DeFi, que a menudo vive en un limbo.

No es trivial: si el Congreso quiere una América capaz de “gestionar” las crisis cripto, necesita reglas estables, no reacciones puntuales. El hecho de que el comité bancario del Senado programe etapas formales alrededor del texto muestra que la era del bricolaje regulatorio cansa incluso a quienes no gustan de las criptomonedas.

Pero cuidado con el detalle que molesta: organizaciones financieras ya alertan sobre algunos puntos, en particular lo que parece incentivos (recompensas/rendimientos) alrededor de los stablecoins de pago. En otras palabras, incluso cuando se habla de “claridad”, cada quien empuja su línea roja.