Ripple sufre revés judicial al rechazar acuerdo con la SEC

La serie judicial que enfrenta a Ripple con la SEC acaba de superar una nueva etapa. Mientras un acuerdo amistoso parecía estar al alcance, la justicia federal rechazó tajantemente el intento conjunto de ambas partes. Este revés reaviva la incertidumbre sobre un enfrentamiento que se ha vuelto central para el futuro regulatorio de las criptomonedas en los Estados Unidos y reafirma la complejidad de un desenlace claro en un caso seguido de cerca por toda la industria.

Un revés procesal para Ripple y la SEC

En una decisión publicada el 15 de mayo de 2025, la jueza Analisa Torres del Tribunal del distrito Sur de Nueva York rechazó la solicitud conjunta de la SEC y Ripple que buscaba modificar el fallo final dictado en 2024.

Dicha solicitud proponía especialmente la reducción de la sanción financiera impuesta a Ripple, de 125 millones a 50 millones de dólares, así como el levantamiento de una orden judicial que le impedía violar las leyes sobre valores.

La jueza precisa que esta acción era « procesalmente inapropiada » y debió haberse presentado bajo la regla 60, un procedimiento específico que exige demostrar « circunstancias excepcionales » para modificar un fallo definitivo.

Ella resolvió sin ambigüedades :

Si la jurisdicción fuera restaurada a este Tribunal, éste rechazaría la solicitud por ser procesalmente inapropiada.

Esta decisión sigue a un procedimiento iniciado en 2020, en el que la SEC acusaba a Ripple de ofrecer ilegalmente valores no registrados mediante la venta del XRP.

Aunque Ripple obtuvo una victoria jurídica significativa en 2023, cuando el tribunal dictaminó que las ventas programáticas de XRP no constituían transacciones sobre valores, se impuso una sanción de 125 millones de dólares en 2024, pero esta fue suspendida durante la apelación.

El rechazo del acuerdo propuesto el 8 de mayo de 2025 impide por el momento cualquier resolución rápida. Para comprender mejor lo que estaba en juego, esto es lo que preveía dicho acuerdo :

• La eliminación de la orden judicial : Ripple deseaba que se levantara la prohibición de violar las leyes sobre valores, vigente desde la decisión de 2024 ;
• Una reducción de la multa : el acuerdo contemplaba una multa de 50 millones de dólares, frente a los 125 millones originalmente establecidos, es decir, una reducción del 60 %, condicionada a la aprobación del Tribunal ;
• El fin anticipado del litigio : el compromiso habría permitido que ambas partes pusieran fin a sus recursos ante el Tribunal de Apelaciones, dentro de un procedimiento acelerado llamado « remisión parcial al tribunal ».

Sin embargo, la jueza cerró esa puerta y subrayó que estas solicitudes no podían tramitarse fuera de los caminos legales previstos por el procedimiento civil federal.

Este rechazo mantiene así la incertidumbre jurídica sobre el futuro judicial de Ripple, a pesar del reconocimiento ya adquirido de que XRP no se califica como valor financiero.

Una resolución aún fuera de alcance : las implicaciones de un bloqueo judicial

Desde este anuncio judicial, varios observadores del caso, incluido el abogado James Filan, han intentado aclarar las consecuencias prácticas de este rechazo. En la red X, Filan recordó que el caso sólo puede concluirse si la jueza « primero indica su intención de levantar la orden judicial y aprobar la distribución de los 50 millones $ a la SEC ».

Sólo bajo esta condición podrían ambas partes solicitar una remisión limitada ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito, paso previo indispensable para ratificar el acuerdo. En otras palabras, mientras la jueza Torres no dé esta señal, el litigio permanece jurídicamente activo e impide el cierre oficial del caso.

Esta situación obliga a Ripple a mantener su estrategia de apelación, prolongando un procedimiento ya largo de casi cinco años. La SEC, por su parte, demuestra con esta negativa que no está dispuesta a ceder en los procedimientos, incluso cuando se negocia un compromiso.

Este endurecimiento institucional ilustra las dificultades estructurales para obtener acuerdos jurídico-regulatorios en el marco del ecosistema cripto, donde las disputas a menudo chocan con estándares procesales particularmente estrictos. Al rechazar el acuerdo, la justicia envía un mensaje claro: no se aceptará ninguna aceleración del procedimiento fuera del marco legal tradicional.