Trump autoriza a empresas privadas a hackear redes extranjeras de estafas cripto

Donald Trump abre la puerta a una nueva forma de respuesta contra las redes criminales extranjeras. En un memo firmado el 12 de agosto de 2026, el presidente estadounidense autoriza a ciertas empresas privadas autorizadas a participar en operaciones cibernéticas bajo supervisión federal. Las redes de estafas cripto forman parte de los objetivos, pero las reglas precisas de estas intervenciones aún están por definirse.

Washington quiere ir más allá del congelamiento de fondos

Las autoridades estadounidenses ya disponen de varias herramientas para perseguir las redes de estafas cripto. Pueden incautar dominios, bloquear activos o rastrear los circuitos de lavado. El congelamiento de más de 700 millones de dólares vinculados a una red china es una ilustración reciente.

El memo firmado por Donald Trump va más lejos. Ahora permite a empresas estadounidenses seleccionadas por el Estado participar en ciertas operaciones dirigidas directamente contra las infraestructuras utilizadas por estas redes criminales. Ya no se trata solo de seguir el dinero o incautar fondos después.

En su texto del 12 de agosto, la Casa Blanca encarga al Centro Nacional de Coordinación (NCC) implementar el programa destinado a las «Empresas Participantes».

Para ingresar, una empresa debe firmar un contrato con el Departamento de Justicia o el Departamento de Seguridad Nacional, pasar por un proceso de control y obtener autorización escrita antes de cada misión. Dos directores ejecutivos supervisarán el dispositivo, uno designado por Justicia y otro por Seguridad Interior.

Las empresas participantes son compañías privadas estadounidenses admitidas en el programa y autorizadas para llevar a cabo operaciones cibernéticas bajo la dirección del gobierno de Estados Unidos.

A primera vista, el término «hackear» simplifica el alcance del texto. La ciber-vigilancia busca la recopilación clandestina de información y puede implicar acceso no autorizado a un sistema. 

Las operaciones con efectos cibernéticos pueden manipular, perturbar, degradar o destruir sistemas o los datos que contienen. Las operaciones que puedan causar muerte o lesiones graves, o impliquen el uso de la fuerza según el derecho internacional, quedan fuera de la autoridad delegada a los directores del programa.

Las pérdidas cripto reflejan la magnitud del problema

¿Por qué Washington desea ampliar su arsenal? Las cifras del FBI dan parte de la respuesta.

En 2025, el Internet Crime Complaint Center (IC3) reportó 181,565 denuncias vinculadas a criptomonedas. Es un 21 % más que el año anterior. Las pérdidas declaradas alcanzaron los 11,366 mil millones de dólares, un aumento anual del 22 %.

Estos datos evidentemente no representan todas las víctimas. Solo corresponden a los casos reportados al FBI. El daño real puede ser mayor.

El balance de las estafas cripto en Estados Unidos ya mostraba la dimensión del fenómeno. Sin embargo, el informe IC3 2025 del FBI aporta una precisión importante: no todas las denuncias relacionadas con cripto se refieren necesariamente a fraudes de inversión.

Esta categoría sola representa 61,559 denuncias y 7,228 mil millones de dólares en pérdidas. En un año, los reportes aumentaron un 48 %, mientras que las pérdidas crecieron un 25 %. 

Detrás de estas cifras a veces se encuentran organizaciones mucho más estructuradas que un simple sitio falso de inversión.

Esta distinción cambia la interpretación del memo. Las redes afectadas no son solo sitios que reciben depósitos: los esquemas tipo «pig butchering», que ganan la confianza de una víctima antes de dirigirla a una plataforma ficticia, combinan manipulación social, lavado transfronterizo y, en algunos casos, explotación de trabajadores en complejos clandestinos. 

Una intervención en las infraestructuras podría acelerar la identificación o perturbación de las redes, pero nada en el memo prueba aún que reducirá las pérdidas o permitirá devolver automáticamente los fondos.

Queda por saber quién responderá por los errores

El memo aún no establece el modo de operación. En 60 días, Justicia, Seguridad Interior y el Homeland Security Council deben definir las reglas de focalización, coordinación y detención de una operación que afecte por error a una persona o sistema estadounidense. Se prevé un informe en 180 días, con una evaluación anual.

El caso del FBI sobre la red Tai Chang ayuda a entender el cambio. En este caso, la Strike Force afirma haber bloqueado más de 700 millones de dólares en cripto relacionados con lavado de dinero proveniente de fraudes. Hasta ahora, estas acciones se basaban principalmente en investigación, incautación de dominios y confiscación de activos.

Con el nuevo programa, Washington quiere intervenir más temprano, especialmente mediante vigilancia encubierta y perturbación técnica de infraestructuras.

El gobierno podrá exigir a las empresas participantes una fianza o depósito en garantía de al menos 1 millón de dólares para cubrir ciertos casos de incumplimiento. Sin embargo, la versión pública del memo aún no detalla claramente el rol que tendría una autoridad independiente en caso de error o daño colateral.

El problema no es que empresas privadas puedan actuar sin reglas. Permanecerán bajo la autoridad del gobierno.

La verdadera pregunta es la responsabilidad: ¿quién responderá por una operación que sobrepase su objetivo o cause daños a terceros?

Los procedimientos esperados en los próximos 60 días deberían dar una primera respuesta. Sobre todo permitirán saber hasta dónde Washington piensa delegar sus capacidades cibernéticas al sector privado.

Para los usuarios de cripto, el resultado se medirá en otro lugar. Frente a las estafas por suplantación que continúan afectando a las comunidades cripto, la eficacia del programa dependerá menos del número de redes infiltradas que de su capacidad para impedir nuevas víctimas y, cuando sea posible, recuperar los fondos robados.