El presidente de Paraguay, destituido tras la quiebra de un banco

El Senado paraguayo destituyó a Santiago Peña el viernes 6 de noviembre, al día siguiente de su renuncia, tras el colapso de Ueno Bank. El banco digital contaba con cerca de 3 millones de clientes y poseía aproximadamente 800 millones de dólares en depósitos públicos.

Ueno Bank: Cómo una neobanco concentró una parte importante del dinero público

La historia de Ueno no es de ayer. Originalmente, la institución era solo una pequeña entidad financiera fundada en los años setenta. El Grupo Vázquez la compró en 2021, antes de obtener la autorización del banco central para lanzar un banco digital en noviembre de 2023.

En pocos años, Ueno creció notablemente. La institución contaba con hasta 2,94 millones de clientes, es decir, cerca del 60 % de la población adulta del país. Sus depósitos alcanzaban los 800 millones de dólares, de los cuales casi una cuarta parte provenía del sector público.

Entre sus principales clientes se encontraba el Instituto de Previsión Social, que había depositado allí 355 millones de dólares, alrededor del 9 % de sus inversiones. Los operadores de las grandes represas paraguayas también mantenían parte de sus fondos en el banco.

En otras palabras, Ueno no solo gestionaba el ahorro de particulares. El banco también ocupaba un lugar importante en las finanzas públicas de un país de aproximadamente 7 millones de habitantes. Un detalle que hoy toma una dimensión completamente distinta.

Las alertas ignoradas antes de la quiebra

Las dificultades del banco no surgieron de la noche a la mañana. Desde junio, los inspectores habían identificado préstamos riesgosos otorgados a personas cercanas a sus propietarios.

Más específicamente, Ueno financiaba sociedades vinculadas a sus accionistas, superando los límites regulatorios y sin obtener garantías suficientes. El 30 de septiembre de 2025, incluso habría transferido cerca de 39 millones de dólares a tres de estas empresas en un solo día.

Los investigadores también descubrieron préstamos mal documentados y gastos registrados erróneamente como activos. Tras corregir las cuentas, el capital del banco cayó por debajo de la mitad del umbral regulatorio.

El 3 de noviembre, el regulador decidió poner a la institución en resolución. Las aplicaciones, tarjetas y transferencias dejaron de funcionar, mientras las sucursales cerraron sus puertas.

La justicia aceleró luego los procedimientos. Ocho dirigentes, incluido el fundador Miguel Vázquez y el presidente Juan Manuel Gustale, fueron arrestados. En total, 27 responsables y asociados enfrentan cargos por abuso de confianza e intento de fraude.

Las consecuencias políticas y bancarias de la crisis

La crisis bancaria alcanzó rápidamente al poder. El jueves, Santiago Peña anunció su renuncia en un video publicado en X, citando la estabilidad del país.

Pero su salida no puso fin al proceso parlamentario. Minutos después de su anuncio, la Cámara de Diputados votó su acusación con 78 votos a favor y ninguno en contra, incluso entre los miembros del Partido Colorado, en el poder desde hace varias décadas.

Al día siguiente, el Senado dictó su destitución por incumplimiento de sus funciones. Esta decisión también tiene consecuencias jurídicas: Peña pierde el asiento vitalicio reservado para expresidentes y la inmunidad que lo acompaña. Por lo tanto, vuelve a ser juzgable como persona común.

Mientras tanto, los depositantes esperan soluciones concretas. Cerca de 280,000 clientes no tenían otra cuenta bancaria. Las autoridades comenzaron a abrirles cuentas sustitutivas en otras instituciones.

Este caso recuerda una realidad frecuentemente ignorada: mostrar millones de clientes o contar con la confianza de las autoridades no garantiza la solidez de un banco. La calidad de los activos y la transparencia financiera siguen siendo esenciales. En las finanzas tradicionales como en las cripto, la confianza no reemplaza los controles.