Cripto: El Consejo de Estado rechaza la petición de Bull Bitcoin y Paymium

Bull Bitcoin y Paymium no consiguieron la suspensión inmediata de DAC8 en Francia. El Consejo de Estado rechazó su recurso contra el decreto francés que organiza la recolección y transmisión de datos sobre las transacciones en criptoactivos. Sin embargo, la jurisdicción no ha resuelto el fondo del asunto. El recurso que busca la anulación del decreto n° 2025-1276 continúa.

El Consejo de Estado se niega a la suspensión inmediata

Bull Bitcoin ya impugnaba DAC8 ante el Consejo de Estado desde febrero. Cointribune había detallado en julio el recurso presentado por la empresa contra el decreto francés. Luego se inició un nuevo procedimiento urgente con Paymium. Objetivo: suspender el decreto durante la revisión del caso principal.

El Consejo de Estado no accedió. Los solicitantes no demostraron una urgencia suficiente para justificar la congelación inmediata del texto. Por eso, la jurisdicción no validó ni rechazó sus argumentos sobre la legalidad de DAC8. Solamente rechazó la suspensión provisional.

Bull Bitcoin insiste en esta distinción. Su recurso de anulación sigue ante la instancia administrativa más alta de Francia. El texto impugnado es el decreto n° 2025-1276 del 19 de diciembre de 2025. Define las obligaciones declarativas y diligencias impuestas a los proveedores de servicios sobre criptoactivos en Francia. Entró en vigor el 1 de enero de 2026. 

DAC8 ya recopila las operaciones realizadas desde enero

El calendario no ha cambiado. Las transacciones concernidas son las efectuadas desde el 1 de enero de 2026. Deben formar parte de las primeras declaraciones en 2027. La administración fiscal francesa ya publicó los documentos técnicos destinados a la transferencia de información bajo DAC8 y el Crypto-Asset Reporting Framework, o CARF.

Los proveedores implicados deben identificar a los usuarios y transmitir cierta información relacionada con sus operaciones. El mecanismo prevé después intercambios automáticos entre administraciones fiscales europeas.

Francia también trabaja en extender este sistema más allá de la Unión Europea. Cointribune explicó en agosto que el CARF podría permitir el intercambio de datos cripto con decenas de otras jurisdicciones.

Para Bull Bitcoin y Paymium, el problema no se limita solo a la fiscalidad. Ambas empresas afirman que una base que vincula identidad, residencia y actividad sobre activos digitales puede convertirse en un blanco especialmente sensible en caso de fuga o acceso ilegítimo. Bull Bitcoin defiende desde el inicio de su recurso la idea de que una recolección sistemática expone más a los tenedores que una solicitud fiscal dirigida. Ese es el argumento de los solicitantes, no una conclusión del Consejo de Estado. Por lo tanto, el decreto sigue siendo aplicable mientras continúa el debate jurídico.

Cripto: el riesgo físico sigue siendo el centro del recurso

El tema es especialmente sensible en Francia. El sector cripto ha sufrido este año una serie de agresiones, secuestros y intentos de rapto. A finales de junio, las autoridades francesas habían contado 77 casos violentos relacionados con el sector desde comienzos de 2026, con unos 200 sospechosos arrestados, según las cifras reportadas por Cointribune tras una presentación del ministro del Interior. Desde entonces, Francia reforzó su dispositivo de protección para profesionales y sus allegados.

Bull Bitcoin y Paymium utilizan este contexto para apoyar su argumento sobre la seguridad de los datos. El Consejo de Estado no consideró que este riesgo fuera suficiente, por ahora, para justificar la urgencia necesaria para una suspensión.

Así, DAC8 sigue su calendario. Para los proveedores, la primera fecha importante llegará en 2027 con las declaraciones sobre las transacciones de 2026. Para Bull Bitcoin y Paymium, el próximo desafío es otro: conseguir una decisión sobre la legalidad misma del decreto francés. Esa batalla aún no ha terminado.