Bajo presión regulatoria, el sector cripto estadounidense observaba de cerca la Ley CLARITY, destinada a establecer un marco legal claro para estos activos. Sin embargo, el texto fue abruptamente pausado en el Congreso, después de la retirada rotunda del apoyo de Coinbase. Presentado como una reforma estructurante, la última versión del proyecto desató fuertes críticas, acusada de amenazar la innovación. Un revés político que reaviva las tensiones entre legisladores y actores de un ecosistema siempre en busca de reconocimiento.