El Parlamento ruso examina un proyecto de ley para regular más estrictamente la cripto

Rusia endurece el tono frente a los actores del mercado cripto que operan fuera de cualquier marco legal. Moscú acaba de presentar un proyecto de ley en el parlamento que prevé sanciones penales severas para cualquier servicio de criptomonedas no autorizado. Una ofensiva regulatoria que se enmarca en una estrategia más amplia de recuperación del control de un sector que hoy escapa al control estatal.

Un proyecto de ley con sanciones severas

Es un giro importante en la política cripto rusa. El pasado viernes, el gobierno ruso remitió a la Duma Estatal, la cámara baja del parlamento, un proyecto de ley que busca introducir sanciones penales contra cualquier entidad que ofrezca servicios relacionados con criptomonedas sin autorización del Banco de Rusia.

Concretamente, el texto apunta a los actores «que realizan actividades relacionadas con la organización de la circulación de moneda digital» fuera del marco regulatorio. Las penas son severas:

• Hasta 4 años de prisión y 4.000 dólares de multa para un individuo aislado.
• Hasta 7 años de prisión o 5 años de trabajos forzados en caso de grupo organizado o ingresos ilícitos a gran escala.

Las penas se agravan considerablemente cuando hay actividad colectiva implicada. Un grupo organizado, o cualquier operación que genere ingresos a gran escala, expone a sus miembros a trabajos forzados o a una pena de hasta siete años de prisión. El texto también prevé una multa de hasta 1 millón de rublos, aproximadamente 13.100 dólares.

Este texto prolonga una ofensiva legislativa iniciada en marzo pasado, que entonces apuntaba a los mineros de criptomonedas que operaban ilegalmente. La nueva versión amplía considerablemente el espectro: ahora es todo el conjunto de servicios de activos digitales no registrados el que entra en la mira de las autoridades.

Una salvedad notable modera sin embargo el impulso del legislador. La Corte Suprema rusa considera que el proyecto no está suficientemente justificado para merecer sanciones penales, y estima que la medida es prematura. Su razonamiento: esperar primero la entrada en vigor de la ley sobre la «moneda digital y los derechos digitales», prevista para julio, antes de iniciar cualquier proceso penal.

Una regulación cripto que responde a una fuga masiva de capitales

Este proyecto de ley no surge de la nada. Se inscribe en un contexto alarmante para las autoridades rusas: según estimaciones gubernamentales, 129 mil millones de dólares en criptos escapan cada año al control del Estado. El volumen diario de transacciones alcanza 50 mil millones de rublos, más de 10 billones en el año, todo operando en una zona completamente gris.

Peor aún, gran parte de estos flujos beneficia a plataformas extranjeras u offshore. Las comisiones pagadas por los traders rusos a estas entidades rondan los 15 mil millones de dólares al año, mientras que la Bolsa de Moscú genera apenas mil millones de beneficios anuales.

La lógica regulatoria es por lo tanto doble: recuperar el control sobre flujos incontrolables, y repatriar una riqueza que se evapora en el extranjero. El Banco de Rusia y el gobierno trabajan paralelamente en un marco legal que permitiría a los brokers y bolsas tradicionales integrar la cripto sin licencias adicionales, un enfoque pragmático para no estrangular un mercado ya bien asentado en los hábitos de los ciudadanos rusos.

En resumen, Rusia se encuentra en una encrucijada. Criminalizar sin regular puede aumentar la fuga hacia circuitos clandestinos. Pero no hacer nada es dejar cientos de miles de millones de dólares fuera del alcance del fisco. La verdadera prueba será la coherencia entre este proyecto de ley y la regulación global esperada para este verano.