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El sector de las criptomonedas no deja de sorprender. Tether, ya conocido por su stablecoin USDT, acaba de anunciar el lanzamiento de un nuevo actor: el USAT. Este stablecoin respaldado en el dólar se distingue por una ambición clara: estar conforme con la nueva legislación estadounidense mientras consolida la influencia del billete verde en la era digital. Pero la verdadera sorpresa viene de su liderazgo: Bo Hines, exconsejero cripto de la Casa Blanca, asume la cabeza de este proyecto estratégico.

La perspectiva de elecciones organizadas directamente en la blockchain quizá ya no pertenezca al ámbito de la ciencia ficción. La red descentralizada Chainlink, dirigida por su cofundador Sergey Nazarov, multiplica las alianzas con la administración Trump, abriendo camino a usos gubernamentales inéditos. Detrás de estos acuerdos, una ambición clara: convertir la blockchain en una herramienta de confianza institucional.

Desconocida para el gran público pero omnipresente entre bambalinas del poder, Palantir trabaja con gobiernos y multinacionales explotando los datos. Valorizada en más de 400 mil millones de dólares tras un aumento del 2000 % desde 2023, representa tanto la oportunidad de inversión de una generación como la próxima burbuja especulativa lista para estallar.

El apetito de las grandes instituciones por el Bitcoin sigue intacto, pero a menudo se manifiesta donde menos se espera. En 2025, el fondo soberano noruego, actor principal en la gestión de activos públicos, ha casi triplicado su exposición indirecta a la primera criptomoneda. No se prevé ninguna compra directa de BTC, pero una estrategia bien pensada le permite anclarse sólidamente en el ecosistema cripto.

La gobernadora demócrata de Arizona, Katie Hobbs, ha vuelto a vetar un proyecto de ley pro-Bitcoin. El estado podría haber creado una reserva pública a partir de criptomonedas confiscadas, como ya lo hacen Texas o Nuevo Hampshire.