Mientras Pekín mantiene una prohibición estricta sobre las criptomonedas, emerge una realidad paradójica: los gobiernos locales venden discretamente activos digitales incautados, alimentando sus arcas públicas. Entre la opacidad y la urgencia financiera, esta práctica revela las grietas de un sistema dividido entre la represión y el pragmatismo económico. Un enredo que reaviva el debate sobre el marco jurídico de estos activos, en un contexto geopolítico donde China observa con desconfianza los avances criptoestadounidenses.