La posible supresión de la deducción fiscal del 10 % sobre las pensiones de jubilación agita el debate público. Anunciada en una nota gubernamental, la medida preocupa tanto como divide. Lo que sólo era una propuesta presupuestaria se impone ahora como un fuerte marcador social y cristaliza las tensiones en torno a la fiscalidad y el tratamiento de los jubilados. En un clima económico bajo presión, esta reforma potencial plantea una pregunta central: ¿hasta dónde puede llegar el Estado sin romper el equilibrio entre generaciones?