Por primera vez desde el inicio del conflicto en Ucrania, Washington y Bruselas coordinan una serie de sanciones económicas importantes contra Rusia. Dirigidas directamente al sector energético, estas medidas apuntan a Rosneft, Lukoil y las exportaciones de gas. El objetivo es secar los ingresos que alimentan el esfuerzo bélico del Kremlin. Esta ofensiva financiera marca un giro estratégico, con consecuencias inmediatas en los mercados y repercusiones esperadas en la economía rusa, ya debilitada por tres años de presiones internacionales.